- Sugerimos al PSOE que si piensan que el proceso judicial está orquestado políticamente, «pregunten a su número tres Ana Isabel Jiménez, que estuvo en la reunión con el contable de ACM», origen de la investigación.
- Estamos preocupados por posibles implicaciones «también de la número dos Miriam Burgos».
- Estamos desconcertados por los «donde dije digo, digo Diego» del interventor municipal, «sus explicaciones tendrá que dar».
Desde el Partido Popular de Alcalá de Guadaíra hemos manifestado sorpresa e indignación, por las afirmaciones ayer por parte del equipo de gobierno socialista, tras las revelaciones en prensa de los resultados de las investigaciones de la Guardia Civil sobre el caso de corrupción en ACM, y es que al parecer, y así aseguran, «todo el proceso judicial obedece a una campaña política de acoso contra Gutiérrez Limones».
Defenderse es un derecho, pero especular sobre las fechas en los avances de la Policía Judicial es algo muy serio.
Hasta tal extremo llegó el atrevimiento de los responsables socialistas de Alcalá, que afirmaron que los plazos en las investigaciones así como el hecho de que los informes de la Guardia Civil, «casualmente», se conocían en comicios electorales, lo que puede llevar a pensar, es que el equipo de gobierno socialista está convencido de que la comandancia de la Guardia Civil y la unidad de delitos económicos, «trabaja para perjudicar la imagen de Gutiérrez Limones y al PSOE en campaña electoral», algo que de ser así, «tendrán que tener sobradas y fundadas razones para lanzar esas afirmaciones».
Sugerimos al PSOE y al equipo de gobierno, que si piensan que el proceso judicial está orquestado políticamente, «pregunten a su número tres Ana Isabel Jiménez, que estuvo en la reunión con el contable de ACM», origen de la investigación.
Por otro lado, estamos muy preocupados ante la posible implicación también de la número dos en el gobierno y que también ostento la presidencia de la empresa pública investigada, la actual portavoz del gobierno Miriam Burgos, a la que se le señala como posible beneficiaria del dinero público transferido desde el ayuntamiento a las cuentas de ACM, concretamente sufragando los gastos de un viaje personal a Puerto Rico a costa del erario público.
En relación con la controversia suscitada en torno a las declaraciones del interventor municipal, ponemos de manifiesto nuestra sorpresa y desconcierto ante los «donde dije digo, digo Diego» del responsable de la intervención municipal, y poco más tenemos que decir al respecto,
«ya que las explicaciones las tendrá que dar donde corresponda».
Si bien, este viraje del interventor, poco o nada desvirtúan las investigaciones que hasta la fecha están desvelando posibles hechos de malversación de caudales públicos, chantaje, falsedad de documentos, y una ristra interminable de delitos cometidos en la empresa pública ACM, y que las implicaciones políticas serán los jueces los encargados de dirimirlas.