• El juez destaca la vulneración al derecho de los concejales por la falta de información sobre las cuentas de la liquidación de la sociedad pública.

  • Lamentamos que sea la justicia la única vía posible para obligar al gobierno socialista de Gutiérrez Limones a respetar la Ley.

El juzgado nº9 de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, ha resuelto fallar en favor del Partido Popular de Alcalá de Guadaíra y en contra de la liquidación «apresurada» y sin información por parte del gobierno socialista de la sociedad pública ACM.

PSOE no facilitó la información obligada a los alcalareños antes de cerrar ACM

PSOE no facilitó la información obligada a los alcalareños antes de cerrar ACM

Como se recordará, en el 2013, antes de que trascendiera la investigación que la fiscalía y la Guardia Civil habían iniciado respecto a Alcalá Comunicación, el gobierno socialista de Gutiérrez Limones, «cercado» por la nueva ley de sostenibilidad de las administraciones públicas del gobierno de España, que pretendía acabar con esas sociedades municipales que eran «agujeros negros» para las arcas públicas, decide unilateralmente y de forma totalmente opaca, cerrar ACM sin dar explicaciones sobre las cuentas y las deudas que esta empresa dejaba tras de sí.

Desde el PP solicitamos reiteradamente información de carácter económico para saber todo lo concerniente a la liquidación que se pretendía por el PSOE, bien a través del consejero que el PP tenía en su representación en el Consejo de Administración, o bien directamente en el propio Ayuntamiento.

Ni por una vía ni por otra, el Partido Popular pudo tener acceso a los detalles de las cuentas, facturas y deudas de la empresa municipal, de forma previa a la convocatoria de la Junta General donde se decidió, con el voto de calidad del propio Gutiérrez Limones, liquidar Alcalá Comunicación.

Desde el PP queremos subrayar, que la convocatoria se realizó aprovechando la baja de una de las concejales del PP que estaba ingresada por un parto con complicaciones, y que a pesar de nuestros intentos de retrasar la convocatoria, o que dicha concejal pudiera dar su voto de forma telemática, los socialistas en el gobierno continuaron con la misma fecha.

Esto no fue fruto de la casualidad, ya que dada la minoría que ostentaba el PSOE en la corporación, «era el único momento que tenían para dar carpetazo a ACM y enterrar sus cuentas».

El Juez de lo Contencioso, con este fallo a favor del PP, viene a anular la resolución de la liquidación en lo relativo al acta, donde se asegura que se ha facilitado toda la documentación a todos los miembros de la corporación, así mismo, cabe destacar, que es el propio Juez el que en los fundamentos del derecho, señala que

«..se considera una infracción del derecho a participar en los asuntos públicos, en cuanto que los concejales son representantes de los ciudadanos y tienen derecho a obtener información para poder ejercitar el control sobre las decisiones que se adopten.»

Una sociedad liquidada y transferidas sus funciones y personal a otra. La Fundación en quiebra con una deuda estimada de 2 millones de €. La sociedad restante recibiendo dinero muy por encima de lo planificado.

Una sociedad liquidada y transferidas sus funciones y personal a otra, sin aportar la información obligada. La Fundación en quiebra y concurso forzoso de Acreedores, con una deuda estimada de 2 millones de €. La sociedad restante (Innovar en Alcalá) recibiendo dinero muy por encima de lo planificado.

Es evidente que el tiempo, y la justicia, pone a todo el mundo en su sitio, y que además de las investigaciones que están destapando las prácticas «mafiosas» que en ACM se llevaban a cabo con el dinero público, como así las define la unidad de delitos económicos…., ahora, es de nuevo la justicia la que viene con esta resolución a dar la razón al PP y a poner de manifiesto el incumplimiento de la legislación más básica por parte del gobierno socialista, como es el derecho a la información de los concejales en representación de todos los alcalareños.

En el PP lamentamos que sea la justicia la única vía posible para obligar al gobierno socialista de Gutiérrez Limones a respetar la Ley.