La Revisión del PGOU, aprobada inicialmente el 3 de diciembre de 2009, además de contener numerosos errores, no se corresponde con el espíritu de la legislación vigente y presupone que se van a realizar una serie de infraestructuras que ni siquiera están aprobadas por las administraciones superiores. Por ello, se debería hacer de nuevo.
La Revisión del PGOU es un timo que les ha costado a los alcalareños 1,2 millones de euros, aparte de otros gastos de menor cuantía. Ha sido el resultado de un ejercicio de copiar y pegar. No en vano, a los redactores se les ha llegado a escapar los términos Marbella o Parque Tecnológico de Málaga.
Entre los numerosos errores de la Revisión del PGOU destaca que no se recogen la mayoría de las modificaciones parciales ni los cambios de uso de suelo aprobados desde 1994; la falta de rigor a la hora de describir la realidad de Alcalá; importantes contradicciones e incoherencias entre el texto y los planos; repetición de textos (De las 200 páginas del Estudio de Impacto Ambiental, por ejemplo, sólo 32 son originales); topónimos mal escritos, etc.
Sin embargo, lo más grave no son los numerosos errores y contradicciones del Plan, que al fin y al cabo se pueden corregir, sino que la Revisión del PGOU no se corresponde con el modelo de ciudad compacta que contempla la legislación vigente y que la ordenación del territorio de Alcalá del nuevo PGOU depende de la realización de una serie de infraestructuras básicas, como la variante de la A-92, que aún no han sido aprobadas ni por la Junta ni por el Gobierno Central y que, ante la situación económica actual de España y los recortes de los gastos en infraestructuras, es muy dudoso que se hagan, al menos, en los próximos años.
La Revisión del Plan contradice el espíritu de las leyes vigentes
En el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), en el que se fija el modelo de ciudad que debe regir todo planeamiento urbanístico en nuestra región, se establece que con carácter general no se admitirán crecimientos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo existente ni los crecimientos que supongan incrementos de población superiores al 30% en ocho años.
Una de las características de la Revisión del PGOU de Alcalá es la clasificación masiva de suelo urbanizable, lo cual supone una violación evidente del modelo de ciudad que aparece en la normativa de rango superior.
El nuevo PGOU reconoce que la extensión del suelo urbano es de 2.115,893 hectáreas (1.608,055 de suelo consolidado y 507,837 de suelo urbano no consolidado); mientras que el suelo que se pretende clasificar como urbanizable asciende a 3.372,985 hectáreas (2.227,312 de suelo sectorizado y 1.145,672 de suelo no sectorizado). Si al suelo urbanizable le añadimos las 220,196 hectáreas de los sistemas generales sin clasificación, el suelo clasificado como urbanizable supera en un 169,8% al suelo urbano existente, porcentaje muy alejado del 40% de incremento máximo fijado por el POTA.
Lo mismo sucede con el incremento de la población. En la página 46 de la Memoria de Ordenación se fija el techo poblacional de la ciudad en 139.870 habitantes. Teniendo en cuenta que los redactores del plan toman como población hipotética de Alcalá cuando se apruebe el PGOU los 72.474 habitantes, el plan contempla un crecimiento demográfico del 93%, incremento muy alejado del 30% que preceptúa el POTA: donde además se establece que en las ciudades medias, como Alcalá, la ciudad compacta es un modelo preservado, evitando la reproducción de modelos expansivos propios de las grandes ciudades.
La evidente discordancia entre los irracionales crecimientos contemplados en la Revisión del PGOU de Alcalá y los límites de crecimiento preceptuados por el POTA fue salvada administrativamente por el Decreto 11/2008, de 22 de enero, pues desde entonces, no se computarían determinados suelos urbanizables a la hora de calcular el límite del 40%. Para colmo, fue aprobado el Plan Parcial de los terrenos de la Isla antes de la aprobación de la Revisión del PGOU para que no se computara y así cuadrar las cuentas.
El PP de Alcalá ha propuesto, en las alegaciones presentadas, reducir drásticamente la cantidad de suelo clasificado como urbanizable para ser fieles al modelo de ciudad que establece la ley, evitando recurrir hasta donde sea posible a subterfugios y martingalas, por muy legales que sean desde enero de 2008, pensados para burlar el modelo de ciudad compacta y sostenible.
Los concejales populares de Alcalá creemos que deberían seguir siendo suelos no urbanizables particularmente aquellos cuyo desarrollo supondrían la creación de una conurbación, los que estén contiguos a los límites del término municipal (salvo que sea necesario para consolidar suelo urbano no consolidado), aquellos cuyo desarrollo urbanístico implicaría un impacto ambiental crítico o severo y las zonas próximas al escarpe de los alcores.
El PGOU debería dedicarle más atención a la ciudad consolidada, tal y como establece la normativa vigente, a fin de tratar de paliar o poner en marcha posibles soluciones a los principales problemas urbanísticos que padecen nuestra ciudad para mejorar nuestra calidad de vida.
El PGOU debería ser una herramienta para hacer de Alcalá lo que le filósofo Marina denomina una ciudad inteligente y no sólo un instrumento para poner precio al suelo. El afán desarrollista de crecer por crecer es absurdo y no tiene sentido en la sociedad actual.