- El TSJA indica en su auto que de no suspenderse la intención del Gobierno de PSOE y Ciudadanos de demoler estas dos viviendas, “cuando se dictase una sentencia estimatoria, se habría llevado a cabo la ejecución de un planeamiento urbanístico radicalmente nulo, lo que contradice el más elemental principio de que cualquier actuación urbanística debe ajustarse a la legalidad”
- La portavoz popular, Sandra González, ha señalado que “nos alegramos de haber podido frenar la intención del Gobierno de PSOE y Ciudadanos de continuar dilapidando nuestro patrimonio histórico, aunque lamentamos que, una vez más, no se nos haya escuchado y hayamos tenido que acudir a los tribunales
Nuevo varapalo en los tribunales, el recibido por el Gobierno de PSOE y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por la que atiende el recurso presentado por el Grupo municipal del Partido Popular y acuerda “la medida cautelar de suspensión solicitada” por nuestra formación contra el acuerdo adoptado por el Pleno municipal el pasado 17 de septiembre de 2020, por el que se aprobó definitivamente, con los únicos votos a favor del equipo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos, el Estudio de Detalle para la apertura de una nueva calle que conectaría la Plaza Cervantes con la calle Duque de Guadalhorce y que implicaría tener que demoler dos viviendas, una de ellas un edificio histórico con más de 100 años que debería de haber estado protegido en el PGOU.
Como ha señalado la portavoz popular, Sandra González, tras conocer la suspensión cautelar del citado acuerdo por el TSJA, “nos alegramos de haber podido frenar la intención del Gobierno de PSOE y Ciudadanos de continuar dilapidando nuestro patrimonio histórico, aunque lamentamos que, una vez más, no se nos haya escuchado y hayamos tenido que acudir a los tribunales pues, desde hace meses, el PP viene advirtiendo de que dicho acuerdo incumple el actual PGOU de la ciudad”.
El TSJA indica en su sentencia que de no suspenderse la intención de demoler estas dos viviendas “cuando se dictase una sentencia estimatoria, se habría llevado a cabo la ejecución de un planeamiento urbanístico radicalmente nulo, lo que contradice el más elemental principio de que cualquier actuación urbanística debe ajustarse a la legalidad”.
En esta decisión de suspender cautelarmente la demolición de estas dos viviendas, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía también ha tenido en cuenta que “se justifica la existencia de actuaciones ya iniciadas que comportan relevante incidencia en otros intereses públicos, en cuanto se refiere al coste de las actuaciones expropiatorias y de ejecución”, según argumenta el TSJA, lo que generaría “una situación de difícil restablecimiento dadas las demoliciones que comporta”.
La líder de los populares alcalareños ha vuelto a insistir en que “no vamos a permitir que el Gobierno de PSOE y Ciudadanos continúe saltándose la legalidad, por lo que vamos a fiscalizar cualquier paso que den para que las actuaciones municipales sean claras y transparentes”.
González ha recordado que “este proyecto, aprobado en solitario por el Gobierno de PSOE y Ciudadanos, ha sido rechazado desde el principio no sólo por el PP, sino por los propios vecinos con miles de firmas y no cuenta siquiera con un estudio de movilidad que diga si esa es la mejor opción”, al tiempo que ha recordado que desde el PP “defenderemos siempre una remodelación del centro histórico de Alcalá consensuada con todas las partes implicadas, vecinos y comerciantes, y no impuesta, atendiendo únicamente a fines electoralistas, como está pretendiendo el Gobierno de Jiménez”.
“De haber llevado a cabo este proyecto, el Gobierno de PSOE y Ciudadanos no sólo habría continuado arrasando con el patrimonio de los alcalareños y gobernando contra los intereses de los vecinos, sino que habrían convertido el centro de Alcalá en una auténtica ratonera, pues es materialmente imposible que la calle Duque de Guadalhorce, estrecha y llena de cocheras, puede adsorber y dar salida a todo el tráfico del centro que llegaría desde las calles Alcalá y Ortí, Pescadería y La Plata”.
“Una vez más, los tribunales tienen que parar la soberbia que se ha instalado en el Gobierno de Jiménez, especialmente de su delegado de Urbanismo, Jesús Mora, y que además de impedirle llegar a ningún tipo de consenso con nadie, hace que ni siquiera escuche propuestas y advertencias de posibles irregularidades que le hacemos”, ha sentenciado Sandra González.