Un Juez confirma que el PSOE de Alcalá cerró ACM sin informar lo debido a los alcalareños

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  • El juez destaca la vulneración al derecho de los concejales por la falta de información sobre las cuentas de la liquidación de la sociedad pública.

  • Lamentamos que sea la justicia la única vía posible para obligar al gobierno socialista de Gutiérrez Limones a respetar la Ley.

El juzgado nº9 de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, ha resuelto fallar en favor del Partido Popular de Alcalá de Guadaíra y en contra de la liquidación “apresurada” y sin información por parte del gobierno socialista de la sociedad pública ACM.

PSOE no facilitó la información obligada a los alcalareños antes de cerrar ACM

PSOE no facilitó la información obligada a los alcalareños antes de cerrar ACM

Como se recordará, en el 2013, antes de que trascendiera la investigación que la fiscalía y la Guardia Civil habían iniciado respecto a Alcalá Comunicación, el gobierno socialista de Gutiérrez Limones, “cercado” por la nueva ley de sostenibilidad de las administraciones públicas del gobierno de España, que pretendía acabar con esas sociedades municipales que eran “agujeros negros” para las arcas públicas, decide unilateralmente y de forma totalmente opaca, cerrar ACM sin dar explicaciones sobre las cuentas y las deudas que esta empresa dejaba tras de sí.

Desde el PP solicitamos reiteradamente información de carácter económico para saber todo lo concerniente a la liquidación que se pretendía por el PSOE, bien a través del consejero que el PP tenía en su representación en el Consejo de Administración, o bien directamente en el propio Ayuntamiento.

Ni por una vía ni por otra, el Partido Popular pudo tener acceso a los detalles de las cuentas, facturas y deudas de la empresa municipal, de forma previa a la convocatoria de la Junta General donde se decidió, con el voto de calidad del propio Gutiérrez Limones, liquidar Alcalá Comunicación.

Desde el PP queremos subrayar, que la convocatoria se realizó aprovechando la baja de una de las concejales del PP que estaba ingresada por un parto con complicaciones, y que a pesar de nuestros intentos de retrasar la convocatoria, o que dicha concejal pudiera dar su voto de forma telemática, los socialistas en el gobierno continuaron con la misma fecha.

Esto no fue fruto de la casualidad, ya que dada la minoría que ostentaba el PSOE en la corporación, “era el único momento que tenían para dar carpetazo a ACM y enterrar sus cuentas”.

El Juez de lo Contencioso, con este fallo a favor del PP, viene a anular la resolución de la liquidación en lo relativo al acta, donde se asegura que se ha facilitado toda la documentación a todos los miembros de la corporación, así mismo, cabe destacar, que es el propio Juez el que en los fundamentos del derecho, señala que

“..se considera una infracción del derecho a participar en los asuntos públicos, en cuanto que los concejales son representantes de los ciudadanos y tienen derecho a obtener información para poder ejercitar el control sobre las decisiones que se adopten.”

Una sociedad liquidada y transferidas sus funciones y personal a otra. La Fundación en quiebra con una deuda estimada de 2 millones de €. La sociedad restante recibiendo dinero muy por encima de lo planificado.

Una sociedad liquidada y transferidas sus funciones y personal a otra, sin aportar la información obligada. La Fundación en quiebra y concurso forzoso de Acreedores, con una deuda estimada de 2 millones de €. La sociedad restante (Innovar en Alcalá) recibiendo dinero muy por encima de lo planificado.

Es evidente que el tiempo, y la justicia, pone a todo el mundo en su sitio, y que además de las investigaciones que están destapando las prácticas “mafiosas” que en ACM se llevaban a cabo con el dinero público, como así las define la unidad de delitos económicos…., ahora, es de nuevo la justicia la que viene con esta resolución a dar la razón al PP y a poner de manifiesto el incumplimiento de la legislación más básica por parte del gobierno socialista, como es el derecho a la información de los concejales en representación de todos los alcalareños.

En el PP lamentamos que sea la justicia la única vía posible para obligar al gobierno socialista de Gutiérrez Limones a respetar la Ley.

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• El gobierno local incumple el acuerdo de mínimos para asegurar que se pueda responder de forma adecuada a los siniestros.
• La plantilla es claramente insuficiente para la población a atender que incluye Alcalá y sus zonas industriales, Mairena y El Viso del Alcor

- Estamos seriamente preocupados por la situación que atraviesa el servicio de bomberos de la ciudad. Un servicio especialmente sensible porque se trata de la garantía de seguridad de los ciudadanos en caso de siniestro. Pese a las quejas y advertencias de la gravedad de la situación transmitidas por los profesionales, el gobierno local hace oídos sordos y cae en un grave irresponsabilidad que pone en peligro tanto a sus vecinos, como a sus propios profesionales.

- Son los propios bomberos quienes alertaron en febrero de 2016 de la situación en la que estaban trabajando. Entonces ya se produjo una desgracia. Acudieron a Mairena del Alcor a apagar un fuego y cinco de ellos resultaron heridos. Esto agravó la falta de personal que padecían y llevó a la firma de un acuerdo entre los bomberos y el gobierno local.
En él se establecía que al menos habría seis bomberos por turno. Una cifra superior a los cuatro que había antes pero que sigue siendo claramente insuficiente. Hay que tener en cuenta que el Parque de Bomberos de Alcalá atiende no sólo a la localidad, sino también a sus extensas zonas industriales y a los municipios de Mairena y El Viso del Alcor. El gobierno local se comprometió también a cubrir en propiedad la plaza vacante que existía entonces; incorporar de forma interina a tres bomberos más y crear una bolsa de empleo para cubrir las bajas que se produjeran. Hay que recordar además que el Ayuntamiento debe cantidades muy importantes de la retribución que corresponde a los bomberos.

- Pero casi dos años después el Gobierno local no ha cumplido el acuerdo. No sabemos si esperan a que se produzca un nuevo accidente o a que una acumulación de siniestros evidencie las carencias. En cualquier caso se trata de una grave irresponsabilidad, ya que estamos hablando de la seguridad de los vecinos y también de los propios bomberos, algo que debe tener una prioridad absoluta. Pero estamos ante un gobierno en el que el cumplimiento de un acuerdo para atender situaciones de urgencia se retrasa casi dos años.
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