PP de Alcalá afianza su posición en favor de la industria alcalareña y los trabajadores

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Ante la duda de ilegalidad que suscita la modificación del PGOU contra la cementera

“el PSOE prefiere que lo paralice un juez antes de asumir la responsabilidad que conlleva gobernar”.

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Actuar objetivamente es la mejor forma de proteger los derechos de los ciudadanos

Según los populares,

“el alcalde que ya está mentalmente en Madrid, da una patada hacia adelante al problema de la cementera para que lo resuelva otro”.

El Partido Popular que ya anunció ayer cual sería su posición frente a la modificación de la legislación municipal,

“que pretende rematar la ya difícil situación de la industria local”

,
hoy en el pleno organizado en contra de la cementera, ha afianzado su posición en favor de la industria alcalareña y los trabajadores.   
Todos los Concejales del Grupo Popular han votado en contra de la modificación puntual del Plan General Urbano argumentando varias cuestiones que consideran “básicas y de sentido común”.
En primer lugar, “este cambio de las reglas del juego a mitad de partido”, perjudica a una industria alcalareña que lleva más de 50 años implantada en la ciudad, y además, crea un futuro incierto a todos sus trabajadores y sus familias.
Por otro lado, la propuesta planteada por el gobierno socialista supone un claro quebranto del principio de seguridad jurídica,

“no se puede regular en contra de una actividad económica, como pretende vender el alcalde, cuando veinticuatro horas antes si estaba permitida”.

Además, los populares han advertido al equipo de gobierno sobre las posibles repercusiones legales y económicas que, “tomar una decisión errónea de este calado”, pueden acarrear al Ayuntamiento por posibles demandas y sanciones.
El PP ha reiterado en la sesión plenaria que su compromiso con la salud pública, argumento esgrimido para restringir la valorización de residuos en la cementera, “nunca ha sido puesto en cuestión ni sopesada su importancia frente al mantenimiento de la industria ni tan siquiera los puestos de trabajo”, básicamente, porque si la factoría cumple, como así es, con toda la normativa vigente que regula este tipo de actividades,

“no tenemos razones como para poner en tela de juicio que la Ley actual no sea suficiente de cara a la salud pública o, en el peor de los casos, esté equivocada”.

Para los populares, el gobierno socialista, y en especial el alcalde, son los máximos responsables del enfrentamiento social provocado entorno a la cuestión de la cementera, aún así, en el transcurso del pleno, los populares han propuesto dejar la modificación sobre la mesa para, de forma reflexiva, tomar las decisiones oportunas tras solicitar un pronunciamiento del Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía, que es, la administración que tiene la potestad sobre la autorización de la valorización de residuos, como de hecho así la tiene ya concedida.
La propuesta responsable ofrecida por el PP ha sido rechazada directamente por Gutiérrez Limones, algo que a juicio del PP, evidencia una vez más que el alcalde “está ya mentalmente en Madrid” y que antes de enfrentarse a otro más de los cientos de problemas que deja atrás en Alcalá, prefiere que sea un juez el que lo haga y que sea otro alcalde el que resuelva el problema por él.

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• El gobierno local incumple el acuerdo de mínimos para asegurar que se pueda responder de forma adecuada a los siniestros.
• La plantilla es claramente insuficiente para la población a atender que incluye Alcalá y sus zonas industriales, Mairena y El Viso del Alcor

- Estamos seriamente preocupados por la situación que atraviesa el servicio de bomberos de la ciudad. Un servicio especialmente sensible porque se trata de la garantía de seguridad de los ciudadanos en caso de siniestro. Pese a las quejas y advertencias de la gravedad de la situación transmitidas por los profesionales, el gobierno local hace oídos sordos y cae en un grave irresponsabilidad que pone en peligro tanto a sus vecinos, como a sus propios profesionales.

- Son los propios bomberos quienes alertaron en febrero de 2016 de la situación en la que estaban trabajando. Entonces ya se produjo una desgracia. Acudieron a Mairena del Alcor a apagar un fuego y cinco de ellos resultaron heridos. Esto agravó la falta de personal que padecían y llevó a la firma de un acuerdo entre los bomberos y el gobierno local.
En él se establecía que al menos habría seis bomberos por turno. Una cifra superior a los cuatro que había antes pero que sigue siendo claramente insuficiente. Hay que tener en cuenta que el Parque de Bomberos de Alcalá atiende no sólo a la localidad, sino también a sus extensas zonas industriales y a los municipios de Mairena y El Viso del Alcor. El gobierno local se comprometió también a cubrir en propiedad la plaza vacante que existía entonces; incorporar de forma interina a tres bomberos más y crear una bolsa de empleo para cubrir las bajas que se produjeran. Hay que recordar además que el Ayuntamiento debe cantidades muy importantes de la retribución que corresponde a los bomberos.

- Pero casi dos años después el Gobierno local no ha cumplido el acuerdo. No sabemos si esperan a que se produzca un nuevo accidente o a que una acumulación de siniestros evidencie las carencias. En cualquier caso se trata de una grave irresponsabilidad, ya que estamos hablando de la seguridad de los vecinos y también de los propios bomberos, algo que debe tener una prioridad absoluta. Pero estamos ante un gobierno en el que el cumplimiento de un acuerdo para atender situaciones de urgencia se retrasa casi dos años.
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