- La portavoz popular, Sandra González, considera imprescindible que el Ayuntamiento alcalareño “manifieste su firme compromiso con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra ocupación ilegal de viviendas”, algo que “es absolutamente compatible con el apoyo y protección a aquellos vecinos y familias que se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda”.
La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Sandra González.
La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Sandra González, ha anunciado que presentará en el próximo Pleno que celebre el Ayuntamiento una moción en la “que se inste al gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas”.
Para González, es imprescindible que el Ayuntamiento alcalareño “manifieste su firme compromiso con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra ocupación ilegal de viviendas”, un compromiso que, como ha recordado la líder popular, “es absolutamente compatible con el apoyo y protección a aquellos vecinos y familias que se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda”.
La moción del Grupo Popular también busca que el Plenario muestre su apoyo a las modificaciones legales y las medidas incluidas en la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados.
Hay que recordar que la ocupación ilegal de viviendas, según los últimos datos publicados, ha crecido un 58% en los últimos cinco años, pasando de 7.739 casos denunciados en 2013 a 12.214 en 2018. De hecho, sólo entre los meses de enero y junio de 2020 se han registrado 7.450 denuncias por ocupación, un 5% más que en el mismo periodo del año pasado, según datos del propio Ministerio del Interior. De media, se producen 41 denuncias diarias por ocupación ilegal de inmuebles. Los cálculos estiman que hay un mínimo de 87.000 viviendas ocupadas ilegalmente en España a las que habría que sumar aquellas cuya ocupación no se ha denunciado.
Estos preocupantes datos muestran que la ‘okupación’ es un problema cada vez más creciente en nuestro país y que no solo ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogidos en los artículos 47 y 33 de la Constitución Española, respectivamente, sino que, como ha recordado la propia Sandra Gonzalez, “altera gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e integridad de personas y bienes”.
No hay que olvidar que detrás de la inmensa mayoría de ocupaciones ilegales de viviendas se encuentran bandas organizadas que se dedican a alquilar los inmuebles ocupados de forma ilegal a personas o familias en situación de vulnerabilidad, o para conseguir del legítimo propietario dinero a cambio de desalojar la vivienda usurpada ilegalmente.
Con esta Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal, para la que se pide el apoyo desde el Grupo Municipal Popular, se busca reforzar el ordenamiento jurídico para que los ‘okupas’ no puedan ampararse en ningún vacío legal, y proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica, además de luchar activamente contra la mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio.
Para ello, esta PL refuerza el concepto de domicilio pero ligado al del legítimo propietario, poseedor o titular de un derecho sobre la cosa inmueble, frente a quién ocupa sin título y sin tolerancia del primero. Por otra parte, también define por primera vez de manera inequívoca qué es la ocupación ilegal, señalando que es “la tenencia o disfrute de cosa inmueble ajena, sin pago de renta o merced, ni razón de derecho, que no se encuentra amparada en la mera liberalidad o tolerancia del propietario o poseedor real”.
Esta proposición de ley introduce medidas como que la autoridad pública o sus agentes podrán desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 12 horas sin necesidad de esperar meses; considera nula la inscripción en el Padrón municipal cuando la persona inscrita sea un ocupa ilegal; agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y regula nuevas penas para quienes fomenten la ocupación ilegal y si estas personas son responsables políticos incluye una inhabilitación de 15 años para ejercicio de cargo público. Además, refuerza los medios de los que disponen las comunidades de propietarios para combatir la ocupación ilegal, y las negativas consecuencias que tiene para la convivencia y la seguridad de los vecinos, que podrán adoptar medidas preventivas tales como tapiar o cerrar puertas o ventanas.