• Javier Jiménez pedirá que el registro sea gestionado directamente por el Ayuntamiento y que se asignen porcentajes mínimos a varios cupos

• Los populares, entre otras cosas, reclaman que puedan aspirar a una vivienda todas aquellas personas no empadronadas en Alcalá que tengan un familiar de primer grado residiendo en nuestra ciudad

• La diputada autonómica, Alicia Martínez, ha criticado “la improvisación de la Junta de Andalucía” y reclama financiación para los ayuntamientos

Alcalá de Guadaíra, 18 de noviembre de 2009 - La diputada autonómica del PP, Alicia Martínez, ha visitado, esta mañana, Alcalá de Guadaíra, para mantener una reunión de trabajo con el grupo municipal sobre viviendas de protección oficial.

Posteriormente ha ofrecido una rueda de prensa junto al portavoz municipal, Javier Jiménez, para explicar la postura del Partido Popular tanto en la política de VPO como con respecto al Registro Municipal de Demandantes de este tipo de viviendas.

 Javier Jiménez ha dado a conocer algunas de las propuestas que su grupo elevará al pleno de noviembre, que se celebra mañana, para que se incluyan en la Ordenanza Reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas de Alcalá. El portavoz popular ha lamentado que “el equipo de gobierno socialista ha entregado el proyecto de ordenanzas sólo cuatro horas antes de la Comisión Informativa en la que se iba a debatir. Se trata de una muestra más de la improvisación y del desinterés de los socialistas por llegar a acuerdos consensuados con la oposición en los asuntos que afectan a la mayoría de los alcalareños”.

 Javier Jiménez ha anunciado que pedirá, en el pleno, que el registro sea gestionado directamente por el Ayuntamiento. “La ordenanza contempla la posibilidad de que sea gestionado de forma directa o indirecta, pero dada la gran cantidad de datos personales que va a contener debería ser gestionado directamente por el Ayuntamiento para garantizar la confidencialidad”.

Asimismo, Javier Jiménez considera oportuno que se asignen porcentajes mínimos a varios cupos, entre ellos a las personas discapacitadas, a los jóvenes, a los demandantes procedentes de rupturas familiares que hayan perdido su vivienda habitual y a las víctimas de violencia de género. El edil popular entiende que “el proyecto de ordenanza que se va a debatir mañana contempla doce cupos pero no asigna ningún porcentaje de vivienda a ninguno”.

Cabe recordar que para que una persona pueda adquirir una vivienda protegida tendrá que estar inscrita, previamente, en el Registro. Para ello ha de llevar, al menos, tres años empadronada, trabajando o desarrollando, con carácter permanente, una actividad profesional o empresarial en Alcalá. Por tanto, Javier Jiménez reclama que, “para favorecer el reagrupamiento familiar, puedan aspirar a una VPO todas aquellas personas no empadronadas en Alcalá que tengan un familiar de primer grado residiendo en nuestra ciudad o que demuestren, documentalmente, que hayan nacido o residido durante varios años en la localidad”.
Por último, Javier Jiménez considera que “aquellas personas que hayan renunciado en más de dos ocasiones a una VPO por haber perdido su empleo, no pierdan su puesto en la lista”, por lo que también lo ha propuesto.

Improvisación de la Junta

Por su parte, Alicia Martínez ha criticado la “improvisación” de la Junta de Andalucía a la hora de elaborar el Registro de Demandantes de VPO, recordando que “la política de vivienda es competencia autonómica y no municipal”. Por ello, la diputada autonómica entiende que “a la Junta le ha pillado el toro y ante la imposibilidad de hacer un registro, ha obligado a los ayuntamientos a que lo hagan ellos, sin facilitarles, ni siquiera, una aplicación informática”.

Además, Alicia Martínez ha recordado que “existe una financiación estatal del 40%” que confía que sea remitida a los ayuntamientos, además de anunciar que el PP ya prepara una enmienda en la que, entre otras cosas, solicitará que “el 60% restante lo pague la propia Junta de Andalucía para garantizar que se cubran los gastos que le supondrá a los consistorios dicho registro”.